Vivimos en un nuevo ecosistema de la seguridad y la prevención. El mundo cambia constantemente y hoy la seguridad es un todo, debe entenderse en su sentido holístico.
Hoy la seguridad se plasma en la salud, en las infraestructuras, en la economía, en el medio ambiente, en la tecnología… ya no sólo depende de nuestra seguridad física y personal.
Los riesgos de esta seguridad son glocales : afectan al municipio como lugar donde las personas desempeñan su vida cotidiana, pero reciben influencias de cualquier parte del mundo.
Hoy a los factores de riesgo naturales como las inundaciones o los terremotos debemos sumar una gran lista de riesgos provenientes de actividades humanas como los virus químicos, el terrorismo, los ciberataques o los accidentes en espacios con multitudes de personas. Estas amenazas son múltiples y muchas de ellas están tan ramificadas que son difíciles de prever.
Hasta hace una década, la ciudadanía de nuestra democracia priorizó delegar la gestión de su seguridad y su estado del bienestar completamente en sus líderes. Eso se aplicaba a que los países no informasen a su ciudadanía sobre posibles amenazas y riesgos por miedo a que cundiese el pánico.
Tras una crisis económica que ha puesto en duda la confianza y legitimidad del estado, la sociedad ha reclamado ser más partícipe de la gestión pública. Se quiere tener capacidad de decisión en las políticas públicas, no sólo elegir a su gobierno y su presidente, se quiere decidir sobre sanidad, educación, seguridad.
En esta línea, la sociedad pide y debe ser consciente de los riesgos con los que convive para poder estar preparada para hacerles frente.
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Vivimos en la sociedad del riesgo, en una época llena de incertidumbre, de amenazas y de cambios constantes. Para afrontar esta nueva era es necesario establecer mecanismos de gestión de la información y de la comunicación para prevenir y anticipar posibles crisis. Una sociedad consciente y preparada es un activo esencial en la gestión de las emergencias.
Las ciudades son el entorno más próximo al desarrollo de la vida cotidiana de las personas. Las ciudades se están transformando, se espera que para 20305, 6 de cada 10 personas en el mundo viva en las ciudades. Es por tanto un reto fundamental asegurar la seguridad de las ciudades promoviendo su capacidad de resiliencia a las crisis y emergencias que estas puedan vivir.
Actualmente nos encontramos en una era de incertidumbre. El mundo ha vivido muchos cambios en poco más de una década, y la necesidad de gobiernos y ciudadanía se centra en descubrir que está por venir y preparase para el cambio.
En un paso para acercarse a esta realidad, la ley española 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil pone un énfasis especial en potenciar el conocimiento sobre los riesgos como medio para preverlos y anticiparse a sus consecuencias dañosas.
Es más, la Estrategia de Seguridad Nacional española 2013 sitúa el objetivo de los mecanismos de inteligencia en dar respuesta a las necesidades de las personas en su entorno cotidiano, y eso pasa por las ciudades y los organismos locales. La prevención de todo aquello que pueda poner en peligro el libre transcurso de esta cotidianeidad pasa a ser un objetivo básico de estas estrategias.
Sin embargo, el prisma de trabajo actual se concentra en la prevención de riesgos genéricos (muchos de ellos relacionados históricamente con la protección civil: incendios, riesgo químico, inundaciones, viento, etc.) y en la mejora para la intervención eficaz en las emergencias de ésta índole.
Si bien es cierto que el predictive policing una herramienta útil para hacer los recursos disponibles más efectivos, ha demostrado serios inconvenientes cuando no se contrasta con el enfoque cualitativo de un analista de riesgos experimentado. Las bases de datos no son aún una fuente 100% fidedigna.
Hoy en día la visión del analista aún es esencial, dado que aporta la inteligencia desde la proximidad. Para poder anticipar posibles crisis es necesario tener un nivel alto de proximidad con la ciudadanía, conocer las vulnerabilidades de la ciudad y sus colectivos para tratarlas a priori.
Según la ley española 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil las fases del ciclo de la emergencia son: previsión, prevención, planificación, intervención y recuperación. Recuperación, no -.
La ley española 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil diferencia:
- PELIGRO: Potencial de ocasionar daño en determinadas situaciones a colectivos de personas o bienes. Hay peligros inminentes o latentes.
- VULNERABILIDAD: Característica de una colectividad de personas o bienes que los hacen susceptibles de ser afectados en mayor grado por un peligro.
- AMENAZA: Situación en la que personas y bienes están expuestos en mayor medida a un peligro.
- RIESGO: Es la posibilidad de que una amenaza llegue a afectar a colectivos de personas o a bienes.
- EMERGENCIA: Situación de riesgo colectivo sobrevenida por un evento que pone en peligro inminente a personas o bienes y exige una gestión rápida por parte de los poderes públicos para atenderlas y mitigar los daños y tratar de evitar que se convierta en una catástrofe.
- CATASTROFE: Una situación o acontecimiento que altera o interrumpe sustancialmente el funcionamiento de una comunidad o sociedad por ocasionar gran cantidad de víctimas, daños e impactos materiales, cuya atención supera los medios disponibles de la propia comunidad.
Parece que hoy nos hemos adaptado a estos cambios constantes y asumimos que debemos seguir con nuestras vidas sabiendo que una crisis puede estallar en cualquier momento. Pero esta adaptación no conlleva preparación personal o asunción de responsabilidades.
Hoy la ciudadanía vive en la apatía: asume que el individuo solo no puede hacer nada y confía en los mecanismos institucionales para que le protejan: delega en el gobierno y su administración para su plena autoprotección.
Es esencial reenfocar la relación con la ciudadanía en las fases de previsión y prevención para hacerla partícipe. Se pierde una gran oportunidad si no se trabaja a largo plazo para formar a la sociedad ante posibles emergencias. En caso de crisis, el ciudadano es el primer agente de protección civil que puede no sólo salvar su vida, si no ayudar a salvar muchas otras.
Es la responsabilidad y obligación de la administración destinar recursos a la detección de peligros, vulnerabilidades, amenazas y riesgos y a la elaboración de planes de acción en caso que sucedan.
Es la responsabilidad y obligación de la administración por otro lado informar y preparar a la sociedad ante los posibles riesgos que la afectan.
Para lograr que la sociedad asuma responsabilidad en su preparación la administración debe proveer contenido relevante, debe convertirse en una fuente referente en el mindset de la ciudadanía.
- Para conseguirlo, se debe situar a la ciudadanía en el centro, proporcionar información que responda a las necesidades reales de las personas, información que sea verídica y contrastada, y con un tono cercano, empático.
- La administración local debe ser pionera en la detección precoz de riesgos, y debe ser un referente para su ciudadanía en la comunicación y formación ante las emergencias derivados de estos riesgos.
- Se debe invertir recursos en el estudio adhoc de los peligros, amenazas, vulnerabilidades y riesgos de la ciudad.
- Se deben crear planes de acción para prevenir estos riesgos y para gestionar de forma más efectiva la emergencia en caso que aconteciese.
- Se deben generar campañas de comunicación y formación ante estos riesgos y de preparación a las emergencias con todos los grupos y colectivos de la ciudad.